Fraude electoral

Las elecciones en España estuvieron marcadas por el fraude. Unos mecanismos fraudulentos que empezaban por la manipulación del censo electoral, en el que aparecían enfermos, difuntos e individuos desconocidos, cuyos votos eran aprovechados por quien demostraba mayor habilidad en la suplantación y la duplicación de sufragios.

Desde luego, la letra de las leyes no se correspondía con las prácticas políticas, y menos con las electorales. Se ha relatado con frecuencia el proceso de preparación de las elecciones. Este comenzaba con el «encasillado», operación mediante la cual el Ministerio de la Gobernación rellenaba las «casillas» correspondientes a los distritos con los nombres de los candidatos que el Gobierno estaba dispuesto a proteger. Estos candidatos podían ser del partido en el poder (aquél que ha conseguido el decreto de disolución de las Cortes y organizaba las elecciones para fabricarse una mayoría) o de la oposición. La descomposición de las dos formaciones dinásticas en el reinado de Alfonso XIII aumentó la cantidad de líderes y dificultó el encasillado.

Tras el encasillado las negociaciones continuaban a nivel local, por medio del representante del poder central en cada provincia, el gobernador civil. El gobernador buscaba el acuerdo con los caciques de su marco de competencia, para conseguir ajustar los resultados de éste a los deseos del Ministerio. Los caciques, que controlaban los diferentes cargos importantes (en los ayuntamientos, juzgados, etcétera), actuaban de acuerdo a su influencia, y a menudo imponían su voluntad al representante gubernamental.

La Desamortización.

La Desamortización es un proceso político y económico de larga duración en España (1766-1924), en el cual la acción estatal convirtió en bienes nacionales las propiedades y derechos que hasta entonces habían constituido el patrimonio amortizado de diversas entidades civiles y eclesiásticas para enajenarlos inmediatamente en favor de ciudadanos individuales.

Si generalizáramos y dividiéramos España en una zona sur con predominio del latifundismo y una franja norte en la cual existe una mayoría de explotaciones rurales medias y pequeñas, podríamos concluir,que el resultado de la desamortización fue concentrar la propiedad en cada región en proporción al grado existente previamente, por lo que no se produjo un cambio radical en la estructura de la propiedad.

Las consecuencias se pueden enumerar los siguientes puntos:

• Saneamiento de la hacienda pública que ingresó más de 14.000 millones de reales procedentes de las subastas.
• Se produjo un aumento de la superficie cultivada y de la productividad agrícola; asimismo se mejoraron y especializaron los cultivos gracias a nuevas inversiones de los propietarios.
• La mayoría de los pueblos sufrieron un revés económico que afectó negativamente a la economía de subsistencia, pues las tierras comunales que eran utilizadas fundamentalmente para pastos pasaron a manos privadas.

La Crisis Española

La crisis iniciada en el 2008 ha sido señalada por muchos especialistas internacionales como la «crisis de los países desarrollados», ya que sus consecuencias se observan fundamentalmente en los países más ricos del mundo. Esta crisis originada por Estados Unidos tiene como factores causantes los altos precios de las materias primas, la sobrevalorización del producto, una crisis mundial alimentaria y energética, una elevada inflación planetaria y la amenaza de una recesión en todo el mundo.

La crisis económica española gira en torno al fuerte ajuste de la industria de la construcción tras la burbuja inmobiliaria. La drástica disminución del crédito a familias y pequeños empresarios por parte de los bancos y las cajas de ahorros, algunas políticas de gasto inadecuadas llevadas a cabo por el gobierno central, el elevado déficit público de las administraciones autonómicas y municipales, la corrupción política, el deterioro de la productividad y la competitividad y la alta dependencia del petróleo son otros de los problemas que también han contribuido al agravamiento de la crisis.

Las consecuencias destacan un fuerte aumento del paro, el paso por sendos periodos de recesión y deflación y el temor a un rescate por parte de la Unión Europea.

Diezmo

El diezmo es un impuesto del diez por ciento (la décima parte de todas las ganancias) que se debía pagar a un rey, gobernante o líder eclesiástico.

Por lo que se refiere a España, la obligatoriedad del diezmo se introdujo a través de Aragón y Cataluña. El pago del tributo se realizaba en especie y representaba un décimo de los frutos de la agricultura o ganadería obtenidos por el creyente. Existían dos categorías de diezmos:

- El mayor: se aplicaba sobre los productos generales, como los cereales, vinos, aceites, vacas, ovejas, etc.,

- El menor, que comprendía los bienes más específicos: aves de corral, legumbres, hortalizas, miel, etc.

Los ingresos obtenidos eran recogidos por el “colector” y entregados a los párrocos, abades y obispos. Para facilitar este proceso los vecinos podían nombrar a un “dezmero”, que iba retirando los productos de las casas de los contribuyentes.

En ocasiones, la recaudación perdía su sentido originario al ser percibida por los señores feudales, como consecuencia de ser patronos de un monasterio o iglesia o de haber comprado los derechos recaudatorios a la Iglesia. Los diezmos se distribuían por tercios en función de su destino, un tercio se dedicaba a la construcción de iglesias, otro a sufragar los gastos del personal eclesiástico y, el último, a cubrir las necesidades capitulares. A pesar del nombre, el tipo aplicado variaba según los objetos gravados y las regiones, por lo que no siempre alcanzaba el diez por ciento.

Mapa división administrativa de España antes de J. Burgos

Durante el siglo XIX, en España se asiste a una lucha entre el Antiguo Régimen y Estado Liberal con dos conceptos antagónicos de gobierno. El Estado liberal necesita una nueva ordenación del territorio, que le permita gobernar el país de manera uniforme, recaudar impuestos y crear un mercado único con leyes iguales para todos.

Tras el levantamiento del general Riego, durante el Trienio Liberal (1820–1823), se impulsa la construcción del Estado Liberal, y con él se promueve una nueva división provincial, aunque primero se recuperan las diputaciones de 1813. Se trataba de que esta división alcanzara a todo el país, sin excepciones, y fuera la trama única para las actividades administrativas, gubernativas, judiciales y económicas, según criterios de igualdad jurídica, unidad y eficacia.

En enero de 1822 se aprueba, con carácter provisional, una división provincial de España en 52 provincias. Algunas de estas provincias aparecen por primera vez, como las de Almería y Málaga (desgajadas del tradicional Reino de Granada), Huelva (del Reino de Sevilla), Calatayud o Logroño, y otras aparecen con nombre nuevo como Murcia o las Provincias Vascongadas.

Este proyecto hace pocas concesiones a la historia, y se rige por criterios de población, extensión y coherencia geográfica.

En 1823 se restablecen las provincias del Antiguo Régimen (reforma llevada a cabo por J. Burgos) por lo que el plan de 1822 nunca llegó a entrar en vigor.

Mapa división administrativa de España después de J. Burgos

En 1833, al comienzo del reinado de Isabel II, bajo la regencia de María Cristina, fue nombrado Secretario de Estado de Fomento bajo el ministerio de Cea Bermúdez y fue en ese cargo en el que estableció la división territorial por provincias, basándose en los planteamientos del Nuevo Régimen pero tomando como base la antigua división en reinos de España. El decreto fue aprobado el 30 de noviembre.

La división provincial de Javier de Burgos de 1833 incluía 49 provincias. El mismo decreto que creó la división provincial agrupó a las provincias en "regiones históricas"

El modelo de Javier de Burgos eran los departamentos franceses y si bien muchas de las decisiones de límites y adscripciones a provincias pudieron parecer arbitrarias (de acuerdo a criterios históricos y geográficos), no lo fueron tanto, puesto que seguían ciertos criterios «racionales»: extensión (desde el punto más alejado de la provincia debería poder llegarse a la capital en un día), población (las provincias deberían tener una población entre 100.000 y 400.000 personas) y coherencia geográfica. A la cabeza de cada provincia, el gobierno de la nación designaría un representante, que ostentaría el título de «jefe político».

Cuadro cronológico: Alfonso XII hasta nuestros días

Alfonso XII - Nuestros días on Dipity.